El Congreso Nacional aprobó un régimen especial de incentivos fiscales destinado a la instalación y ampliación de data centers en Brasil. El texto, conocido como Redata, pasa a sanción presidencial e integra la estrategia del gobierno para atraer inversiones en infraestructura digital e inteligencia artificial.
La propuesta suspende los tributos federales aplicables a los equipos utilizados en los centros de procesamiento de datos, tanto en compras nacionales como en importaciones cuando no exista un producto equivalente fabricado en el país. La renuncia fiscal estimada es de R$ 7,25 mil millones entre 2026 y 2028, según información difundida durante la tramitación.
A cambio de los beneficios, las empresas deberán reservar parte de la capacidad instalada para el mercado brasileño e invertir una parte del valor de los equipos en investigación y desarrollo. Las exigencias son menores para proyectos ubicados en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, como forma de fomentar la desconcentración regional.
El proyecto también prevé requisitos ambientales y energéticos. El texto aprobado admite fuentes renovables o de baja emisión, una formulación que generó debate por poder incluir el gas natural. Los data centers demandan grandes volúmenes de electricidad y agua, lo que convierte a la planificación de la red y la transparencia ambiental en puntos centrales de la implantación.
Quienes defienden la medida afirman que Brasil reúne energía relativamente limpia, conectividad y un mercado consumidor para convertirse en un polo regional. Los críticos advierten que el beneficio debe demostrar retorno en empleos cualificados, innovación local y recaudación futura para justificar el costo fiscal.
La sanción y la reglamentación deberán definir los criterios técnicos, la fiscalización de las contraprestaciones y las condiciones de adhesión. Estos detalles determinarán si el programa estimulará una cadena tecnológica nacional o si funcionará principalmente como una reducción tributaria para equipos importados.
